El pleno aprueba por unanimidad dos mociones impulsadas por el Gobierno Provincial para solicitar al Gobierno de España la paralización de las desocupaciones de viviendas en la costa castellonense y para que conceda de forma inmediata ayudas directas a los municipios afectados por la dana.
La Diputación Provincial de Castellón vuelve a alzar la voz y exige al Gobierno Central la protección de la costa y la llegada “real y efectiva” de las ayudas por los daños ocasionados por la dana.
La institución provincial ha celebrado este martes la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero y en ella se ha vuelto a ejercer el papel reivindicativo hacia otras administraciones con la aprobación de dos mociones impulsadas por el Gobierno Provincial para solicitar al Gobierno de España la paralización de las desocupaciones de viviendas en la costa castellonense y para que conceda de forma inmediata ayudas directas a los municipios afectados por la dana.
En primer orden, el pleno ha aprobado una moción para solicitar al Gobierno de España la paralización de las desocupaciones de viviendas en la costa de la provincia de Castellón. Una moción en defensa de los vecinos afectados de Torre la Sal y para lograr que el Ejecutivo central actúe y apruebe la reforma de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. El escrito, aprobado por unanimidad, ha venido motivado después de que la Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya comenzado a notificar a los propietarios del poblado de Torre la Sal, en Cabanes, la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021 en la que se acordaba la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esta zona del litoral por estar en dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión pone fin a la vía administrativa y solo deja la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio y la expropiación a los propietarios del centenar de viviendas que forman parte del pueblo marítimo de Torre la Sal.
Como ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, “estos núcleos son parte de nuestra identidad y no podemos permitir su derribo. Preservar la costa no es destruirla”. Para lograr esa protección especial, a través de la moción aprobada, la Diputación instará a la Mesa del Congreso de los Diputados a que tramite la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988 de Costas que fue aprobada y remitida por el Senado en marzo de 2024. Una moción con la que la institución provincial vuelve a exigir al Gobierno de España la reforma de la Ley 22/1988, de Costas que permita mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección. Además de solicitar que suspenda cualquier trámite iniciado que conlleve medidas restrictivas de derechos, derribos, en tanto no se realice la reforma de la Ley de Costas. Con ello, la institución provincial muestra su total respaldo a los vecinos de Torre la Sal.
En segundo lugar, y también con una aprobación por unanimidad, el pleno refuerza sus exigencias al Gobierno de España para que conceda de forma inmediata ayudas directas a los municipios afectados para reparar los daños producidos por las lluvias torrenciales, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024, en la provincia de Castellón. Las lluvias torrenciales tuvieron un alcance importante en varias comarcas de Castellón, y aunque no llegó a tener los efectos catastróficos en la población y en la actividad económica como en otras zonas de la Comunitat Valenciana, no puede dejarse de lado la valoración del impacto a efectos de impulsar las ayudas necesarias en aquellos municipios que han sufrido daños. Desde la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana se ha actuado de forma coordinada, permitiendo el acceso a todos los municipios, asegurando los servicios básicos, reparando caminos rurales y depuradoras y también concediendo ayudas a los ayuntamientos para poder cubrir gastos inaplazables por los trabajos extraordinarios vinculados a la emergencia. Un total de 12,4 millones de euros entre la Generalitat y la Diputación en ayudas a 68 ayuntamientos de la provincia de Castellón, “frente a la nula respuesta por parte del Gobierno de España y nos vuelven a dejar tirados”, ha incidido el vicepresidente y portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado.
Tercera convocatoria PERTE
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado la tercera convocatoria de subvenciones para proyectos del PERTE Digitalización del Ciclo del Agua, con una dotación de 50 millones de euros. Los proyectos deben centrarse en la eficiencia, sostenibilidad y digitalización del ciclo del agua y el plazo para la presentación de solicitudes concluirá el próximo 5 de febrero.
Con el objetivo de mejorar la eficacia de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, el pleno ha aprobado la solicitud de subvención y creación de agrupación con Facsa y Ciclauga para la ejecución del proyecto EFICAS, enfocado en la digitalización y modernización del ciclo urbano del agua. El proyecto EFICAS incluye actuaciones de digitalización, mejora de redes, eficiencia energética, y sostenibilidad hídrica, alineadas con las tipologías financiables establecidas en la convocatoria. El presupuesto de las actuaciones asciende a 5,6 millones de euros. Para concurrir a esta tercera convocatoria, la Diputación de Castellón se agrupa con Facsa y Ciclagua, en calidad de entidades colaboradoras. Como ha expresado el diputado del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, “mostramos un nuevo compromiso porque esta sea la legislatura del agua y seguir apostando por ser un referente en la modernización”.
Reconocimiento a Edmundo González
En el apartado de mociones, también se ha aprobado una moción relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela. Este reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83.5 % de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad.